La Comisión Europea propuso el pasado 22 de Junio una nueva directiva con medidas dirigidas a intensificar los esfuerzos de los países para alcanzar los objetivos en materia de reducción y eficiencia energética propuestos de cara a 2020 al detectar que según las últimas estimaciones, la UE no avanza hacia su objetivo de reducir en un 20% su consumo de energía previsto para 2020.
La aplicación de estas normas tienen como objetivo la reducción de la dependencia energética y el ahorro de 200.000 millones de euros al año.
Con esta iniciativa, la Unión Europea busca intensificar los esfuerzos de los Estados miembros para alcanzar un uso más eficiente de la energía en todos los eslabones de la cadena energética, desde la transformación de la energía y su distribución hasta su consumo final. Günther Oettinger, comisario europeo de Energía, ha declarado que “nuestro propósito es aumentar la eficiencia en nuestra vida cotidiana y ayudar a los ciudadanos, los poderes públicos y la industria a gestionar mejor su consumo de energía, lo que debe traducirse también en facturas energéticas más bajas y en un incremento del trabajo en toda la UE”.
La nueva iniciativa legislativa sobre eficiencia energética hace vinculantes muchas de las medidas propuestas en su Plan de Eficiencia Energética y se combinan las directivas sobre la cogeneración y los servicios energéticos con un instrumento jurídico global sobre la eficiencia energética en el abastecimiento y en el consumo de energía.
Entre las propuestas destaca la obligación jurídica de crear sistemas de ahorro energético en todos los países miembro y la obligación por parte de los distribuidores o las empresas minoristas de venta de energía de ahorrar cada año un 1,5 % de sus ventas de energía, mediante la aplicación de medidas de eficiencia energética tales como la mejora de la eficiencia de los sistemas de calefacción, la instalación de ventanas con doble acristalamiento o de tejados aislantes. Como alternativa, los estados miembros podrán proponer otros mecanismos de ahorro de energía, por ejemplo, financiar programas o acuerdos voluntarios que arrojen los mismos resultados, pero que no se basen en obligaciones impuestas a las empresas energéticas.
Dos millones de puestos de trabajo
El sector público tendrá la obligación jurídica de adquirir edificios, bienes y servicios eficientes energéticamente, y deberá reducir gradualmente la energía que consumen en sus sedes mediante la realización cada año de obras de renovación que afecten como mínimo al 3% de su superficie total y que conllevaría la creación de dos millones de puestos de trabajo en toda Europa hasta 2020.
Para beneficiar al consumidor se contempla el acceso sencillo y gratuito a la información en tiempo real y al consumo de energía, mediante contadores individuales más precisos y un sistema de facturación basado en el consumo real. Para la industria se establece la creación de incentivos que generalicen las auditorías energéticas y la difusión de mejores prácticas en las pymes, al tiempo que las grandes empresas tendrían que realizar auditorías obligatorias cada tres años de su consumo para determinar sus posibilidades de reducción.
Recuperación del calor residual
En cuanto a la eficiencia en la producción de energía se establecen controles de los niveles de eficiencia de las nuevas instalaciones y se fijan planes nacionales de calefacción y refrigeración, incluida la recuperación del calor residual. Esta nueva propuesta también contempla mejoras en la eficiencia gracias a la consideración de criterios de eficiencia energética en las decisiones estatales de regulación de la energía, especialmente al aprobar las tarifas de red.
La nueva directiva prevé que la Comisión lleve a cabo en 2014 una evaluación de los progresos registrados de cara al objetivo de la UE de conseguir un 20% de eficiencia energética para 2020, y que presente, si fuera necesario, una nueva propuesta legislativa que fije objetivos nacionales obligatorios en materia de eficiencia energética.
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